Desde
la Antigüedad, se ha producido un enfrentamiento dialéctico en la concepción de
las relaciones entre la ciudadanía y las ciencias en el que ha jugado un
papel clave el pensamiento filosófico (en este artículo, me voy a
centrar específicamente en la episteme médica por ser la que
mejor escenifica la indisoluble unidad entre ciencia y pensamiento).
De una parte, Platón se erigía como defensor del paradigma de una
especialización técnica de todas las ciencias, incluida la medicina; la
argumentación es simple: ¿elegirías democráticamente quién va a estar al mando
de una nave? No, quedaría en manos del experto). De otra parte, Isócrates aparecía como el defensor de
la integración social de todos los expertos, entre ellos los médicos; de ahí su
conocida tesis del “ciudadano bien
informado” por la que “nada humano
nos debe ser ajeno”, que sintetiza el espíritu que hoy pretende tener, por
ejemplo, la asignatura de educación para la ciudadanía, entendida como
materia transversal.
En un primer momento de la Grecia
clásica, este enfrentamiento se resuelve del lado isocrático, que para el mundo
de la medicina podríamos denominar modelo hipocrático. Posteriormente, ya en época
helenística, se produce la ruptura entre sociedad y Estado, que trae como
consecuencia la tecnificación de todas las ciencias, al margen de la
subjetividad; el médico, de este modo, es un especialista, al que el ciudadano
no debe discutir ni pedir más que información que la meramente técnica. Este
último es el llamado modelo galénico, que, desde entonces, ha perdurado
en Occidente, especialmente a partir de la Ilustración; por cierto que en este
periodo de reivindicación de la ciudadanía como sujeto de derechos políticos,
sin embargo se produce un distanciamiento del ciudadano respecto de las ciencias
que, de la mano del positivismo, se alzan como verdaderos santuarios laicos en
los que ningún profano debe entrar.
Finalmente, en la actualidad, se
pretende recuperar el modelo hipocrático
(al menos, como veremos más adelante, en las sociedades del bienestar) por
medio de los códigos deontológicos, la educación para la ciudadanía, los
derechos y deberes de médicos y pacientes, la teorización de las “relaciones
médico─enfermo”,…
En concreto, en la sociedad española
de la democracia queda descrita, según parámetros políticos, en los primeros
títulos de la Constitución española de 1978:
- Somos un Estado social y democrático de derecho: es decir, la soberanía reside en el pueblo español, todos somos iguales ante la ley y el Estado ha de cubrir la “procura existencial” (un mínimo de subsistencia en las necesidades básicas) cuando el ciudadano no pueda hacerle frente por sí mismo. Aplicado a la práctica médica: todos, en igualdad de derechos y de forma gratuita ─puesto que así lo hemos decidido los ciudadanos─ debemos tener acceso a servicios médicos de suficiente calidad para asegurar nuestra subsistencia.
- Somos un estado del Bienestar, cuyos pilares básicos son: la educación, la seguridad social y la sanidad.
- Somos un Estado aconfesional (no laico): es decir, que participa de la tolerancia activa hacia cualquier religión ─obviamente, con especial incidencia en el catolicismo─ en todos los ámbitos del Estado, incluida la atención médica pública; de ahí los debates en torno al aborto, la eutanasia, la eugenesia, las transfusiones sanguíneas, las operaciones de cambio de sexo, la investigación con células madre, la conservación del cordón umbilical de modo particular,…
Pues bien, a partir de estos
parámetros, podemos abordar el análisis de las relaciones clínicas
estableciendo la diferenciación general entre sanidad pública versus sanidad privada. En la sanidad pública, la relación clínica se
caracteriza por la universalidad, la heterogeneidad de los pacientes (de raza,
sexo, edad, situación económica,…), la consecuente falta de eficiencia a
ciertos niveles, la escasez presupuestaria para I+D+I, y la saturación. El
paciente tiene más derechos que deberes y el médico tiene más deberes que
derechos; puesto que se da la primacía del ciudadano sobre el técnico. Por su
parte, en la sanidad privada, la
relación clínica viene marcada por la diferenciación según estratos
socio─económicos, por tanto, es más homogénea; por su alto grado de eficiencia,
y por los intereses directos en la inversión en I+D+I. El combinado paciente─médico
queda vinculado por una relación contractual, donde aparecen especificados los
derechos y deberes de cada una de las partes; esta relación contractual es
establecida por una empresa (al margen del Estado) que tiene, por tanto, la
primacía y para la cual no hay ciudadanos con derechos sino clientes que
demandan algo que ella puede ofrecer.
Así pues, podríamos concluir que, finalmente,
nuestras sociedades actuales están retomando la dialéctica clásica entre el modelo hipocrático
(por ejemplo, en España), más adecuado para las sociedades del bienestar, donde
todos los pacientes tienen igualdad de trato y los especialistas intervienen en
la construcción social; y el modelo galénico (por ejemplo, EE.UU.): más
adecuado para sociedades tecnificadas, con un Estado poco interventor y donde
prima la eficiencia y el carácter lucrativo de las aseguradoras (caso de la
vacuna contra el SIDA que, habiéndose mostrado más eficaz con pacientes de
origen africano, se abandonó su desarrollo ya que el estudio de mercado sobre
su comercialización indicaba claramente los escasos beneficios que iba a
reportar; ¿es esto inmoral o una mera consecuencia de la economía de mercado?).
Como ventaja, este tipo de sanidad invierte más en I+D+I.
La solución a esta dialéctica ¿podría
ser una síntesis de ambos modelos?, ¿está siendo este el debate actual en los
EE.UU. del presidente Obama? Sea cual sea la respuesta a estas preguntas, lo
que parece indiscutible es que la reflexión sobre las mismas requiere una
concepción abierta de los discursos científicos (médicos, en este caso)
y de los paradigmas de pensamiento ético-político.
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